El concejal de urbanismo, según mis noticias una isla en medio de los grupos de presión socialista, ha paralizado las obras de una urbanización en la zona del Padrón. Urbanización a todas luces ilegal, amparada en una licencia de 1.990, anterior al Plan General de 1.994.
La pelea del concejal contra el grupo de presión e intereses en que se ha convertido el Ayuntamiento, nada nuevo, simplemente repartos de poder derivados de la nueva composición de la corporación, promete ser de época ya que entre los diversos grupos se mueven como pez en el agua determinados funcionarios cuyos informes resultan imprescindibles para el feliz desenlace de los proyectos urbanísticos.
No le vendría mal al concejal una reorganización interna que permita dotar de agilidad en la detección de las obras ilegales ya que no parece de recibo que durante siete meses se levante una promoción visible desde la N-340, aunque ni siquiera esto justifique, a mi juicio, las críticas de la oposición en una desafortunada comparación con el asunto PRASA. Si el convenio que ampara las compensaciones en este asunto era una barbaridad que ha sido criticado en todos los foros, no pueden los concejales del Partido Popular utilizarlo ahora para condenar la paralización.
Deberá el Sr. Concejal vigilar su espalda y especialmente sus antiguos intereses profesionales ya que por esta vía van a buscarle las cosquillas los enemigos de la independencia y la legalidad.
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