Tiene su lógica si tenemos en cuenta que un elevadísimo porcentaje de los alquileres no se declaran, por lo que al declarar el inquilino la ayuda recibida obliga al arrendatario a regularizar su situación fiscal y declarar el contrato. Esto supone para el propietario una importante subida de la presión fiscal sobre todas sus percepciones al tener que aplicar el tipo medio sobre todo el conjunto de ingresos.
No será esta la última picaresca. Ya empieza a circular por la red la primera trampa. Como no es posible legalmente alquilar la vivienda a los hijos que viven en casa, se alquila a los hijos del vecino de abajo, éste, a su vez, hace lo mismo con los nuestros y cada uno vive en su casa pero todos cobran la subvención de 210 €.
Esta cantidad, dicen los pre-tramposos, supondra, para dos hijos en cuatro años, más de 20.000 euros de pufo al estado protector de Mr. Bean.
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