CONTRACORRIENTE

Podría completar el espacio que EL MUNDO,mi periódico, me ha concedido para esta tribuna con las frases que Antonio Barrientos ha pronunciado los últimos cinco años sobre su honradez y honorabilidad, curiosamente, a estas horas, consideradas presuntas por mor de la extraña lectura que los ciudadanos y gran parte de los medios hacen, hacemos, de los derechos fundamentales. No es nada nuevo, conozco un gran número de personas honradas que nunca se librarán del estigma de ser ex. Personas que siguen viviendo en sus casas de siempre, conduciendo los coches de siempre y viviendo – ¡que aburrimiento!- con sus mujeres de siempre. Gente que un día cometió el error de colaborar, bajo salarios miserables y horarios que hoy no firmaría ni el más optimista de los empresarios, para erradicar la miseria política y la ruina económica de las ciudades donde convivían con sus familias.
Los grandes partidos, especialmente el PSOE, que hoy está en cuestión, tienen una enorme capacidad para aplicar legitimidades morales. Quienes hoy acompañan a Barrientos en su destino eran los “gilistas buenos” del 2.003 para, sin solución de continuidad, pasar en 2.007 a la condición de “garrapatas y ladrones” en la presentación de su lista electoral. Hace solo un par de días, el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, hablaba de “políticos que contaminan” olvidando, pecados de juventud, que su partido pactó con ellos el gobierno que salió de las elecciones municipales de 2.003. No se olvidaron de incluir entre su personal de confianza el nombramiento de una tercera gerente/garante de la legalidad, que acompañara a Patricia Rojo (PSOE) y Pedro López (PES) en el control del Urbanismo.
No menos olvidadiza es la Junta de Andalucía. Ochenta y seis expedientes abiertos de presuntas ilegalidades de los que nos enteramos cuando estalla el escándalo. Me pregunto que hubiera pasado de no ocurrir así. Nada. Como nada ocurrió cuando hubieron de suspender el Pleno previo a la entrada en vigor de la LOUA que pretendía aprobar diez convenios contrarios a ella, o cuando obligaron a dar marcha atrás a la destrucción de Selwo, o permitieron la legalización del hotel H-10 después de las denuncias de Ruiz Povedano obviando la construcción de 1.500 metros ilegales dentro del mismo. También la Junta permitió la firma del convenio con la empresa PRASA para el derribo de la estructura existente en el Paseo Marítimo, con unas contraprestaciones escandalosas a favor de la promotora, que aún no ha pasado por el Pleno, siete meses después de su firma.
La Junta, una vez más, hizo caso omiso a las denuncias del Tesorero Municipal, conocidas por el resto de altos funcionarios, donde instaba al Alcalde al cumplimiento de la legalidad. Nada, como cuando permitió un segundo concurso público en la venta de parcelas municipales que éste había denunciado al estar adjudicadas por el proyecto de reparcelación en pro indiviso – ¡que lamentable casualidad!- con las que le correspondían a la empresa beneficiaria del concurso.
Nada, como cuando este mismo funcionario fue desalojado por la policía de las dependencias de las sociedades municipales Estepona XXI en Liquidación, de las que era uno de los liquidadores, sin contraprestación económica por su condición de funcionario, para, acto seguido, adjudicar a dedo un contrato para efectuar el mismo trabajo por ochenta millones de pesetas.
A fecha de hoy, cinco años más tarde, las empresas siguen sin liquidar. Ciudadanos y responsables políticos continúan sin conocer el destino de los 800 millones que quedaron en caja en 2.003 y el liquidador beneficiario del contrato, Juan Manuel de Hoyos, denunciado en los juzgados por presunta maquinación para la alteración del precio de las cosas. .
Recuerdo, primeros días del primer año de la era post Gil Marín, que, a la puerta del Edificio Puertosol, sede de las delegaciones de Hacienda y Urbanismo, el entonces gerente de esta última delegación por el PSOE me decía textualmente “estamos ingresando lo que no está escrito” a lo que, quién suscribe, respondió: “Ese, es el problema. Lo que no está escrito”. Viene este recordatorio a colación de los manidos “patrocinios”, parte indisoluble de la historia de los últimos cinco años.
Me ha resultado tremendamente difícil explicar, más aún que me entendieran, a algunos amigos que se encuentran en el segundo escalón de responsabilidad del PSOE, lo peligroso que resulta que empresarios, con intereses económicos y urbanísticos en la ciudad, financien de forma directa las actividades culturales, educativas o deportivas que organiza el Ayuntamiento. Primeramente, porque de esta forma ingresos y pagos escapan al control de los funcionarios públicos y, en segundo lugar, porque es imposible determinar su cuantía real de cara tanto a la confección de un futuro presupuesto municipal como al control necesario por parte de la empresa patrocinadora del destino real de los fondos aportados. Aplicando el control presupuestario se evita situar a las delegaciones implicadas bajo sospecha y, lo más importante, ayer lo hemos visto, que personas que tenía por honradas han quedado públicamente en entredicho, políticamente defenestradas y judicialmente bajo fianza.
Siempre que leo declaraciones de los responsables de la Junta de Andalucía en materia urbanística me vienen a la memoria los dichos de mi abuela, auténtica inteligencia natural sin aditivos: “Le dice la sartén al cazo: Apártate, que me tiznas”.

José Gerez del Valle