´E pur, si muove´





Y, sin embargo, se mueve. Como un susurro surgían estas palabras de la boca de Galileo Galilei cuando, tras verse obligado a abjurar de sus principios, las miradas dejaban de posarse sobre él. El científico, como seguramente saben, fue obligado por las autoridades eclesiásticas a refutar, desmentir y condenar las teorías copernicanas que afirmaban que la Tierra gira alrededor del sol y a reconocer públicamente que el sol gira alrededor de la tierra. Algo así debió sentir Lina Rivas cuando, tras salir de la Notaría situada en la calle Real de Estepona, recordaba las conversaciones mantenidas con Valadez y sus decesores - los que acabarán con él con absurdos consejos- en las que intentaban convencerle de las bondades de incorporarse a los consejos de las empresas municipales y lo bien que sentarían-los rimbombantes cargos a su tarjeta de visita. Y, sin embargo, Lina, se movió. Y con su movimiento provocó un seísmo de incalculables consecuencias a estas alturas de la película, una tragicomedia, cuyo desenlace estamos lejos de adivinar. Lo único cierto es que los consejos de administración de las empresas municipales dependientes del Ayuntamiento de Estepona carecen del número mínimo de miembros necesario para su funcionamiento, los estados financieros de éstas señalan una quiebra técnica, las auditorias externas de los órganos consultivos recomiendan la no concesión de crédito y la espada de Damocles pende sujeta en un fino hilo de crin de caballo sobre las cabezas de más de ochocientos trabajadores abandonados a su suerte.

No menos grave es la sospecha de lo que puede estar ocurriendo en las pruebas de selección que se vienen celebrando a través de la bolsa de empleo. No conozco en profundidad el asunto pero las noticias que me llegan de la manipulación de las pruebas, la composición de los tribunales de selección y la falta de concurrencia y publicidad son graves. Con todo, lo realmente grave es que se esté utilizando una delegación municipal que gozaba, al menos hasta ahora, de bien ganada fama de trabajo eficaz y ecuánime, que pudiera verse manchada por sospechas de connivencia en el acceso a la administración de afines a la causa por la puerta de atrás. Afines a una causa partidista, obviamente, para llenar las listas de militantes que permitan ganar una futura asamblea con el mismo sistema que se denunció hace ya tres años. Buena prueba es la gestora del PSOE en Estepona, compuesta por afiliados con un día de antigüedad, sin ninguna trayectoria socialista y con el único mérito de formar parte de la banda de los cinco. Si, además, quién viene a dar carta de naturaleza a semejante dislate es, ni más ni menos que el Secretario de Organización Provincial de los socialistas, denota los derroteros por lo que marcha el partido, la ciudad y, por ende, el país. Si estos son los mimbres, imagínense el cesto.

Claro que... le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Valorar la actitud del Partido Popular de Estepona es altamente complicado. Y difícilmente criticable. Porque sólo es criticable lo que existe y, hoy por hoy, la oposición virtual no está contemplada como forma de oposición. Resulta más útil para la futura inclusión en las listas del partido el silencio ante la inacción y la dejadez de funciones que levantar la voz para que te eliminen de un plumazo de las marcas de salida de la carrera. Lamentable, eso sí, la falta de reacción en el asunto de Galeote al que se le utiliza para hacer los trabajos de intendencia, alguien debe trabajar, y se le aparta para asistir a los actos formales de un partido que sólo es el suyo cuando se sirven de él. Claro que aquí quién citó de costado, metió el pico y remató en el centro del ruedo con un bajonazo fue Valadez quién, a través del PSOE, y vulnerando la confidencialidad del Registro Público se defendió de los tímidos ataques de Mena con una patada en el culo de Galeote. Lástima que nadie le recordara al alcalde su salida de la televisión municipal, su contencioso contra el Ayuntamiento, la indemnización cobrada y la diferencia de comportamiento de un cargo público ante una imputación judicial.