Estamos en puertas de una decisión compleja del gobierno de Valadez. A final de mes el Ayuntamiento debe hacer frente a la nómina del mes de Junio y la extra de Julio para las que en este momento se carece de liquidez. No tengo la menor idea de cómo van a resolverlo. De hacer caso a los rumores que circulan a pie de calle sería como para echarse las manos a la cabeza. La disposición de los fondos de patrimonio municipal de suelo sería la definitiva huída hacia adelante de un gobierno a la deriva con unas consecuencias de difícil predicción para los miembros del mismo.
Los fondos depositados por las empresas firmantes de convenios condicionados a la aprobación del PGOU - cuya tramitación ha sido aparcada - tienen la consideración de depósitos en custodia y solo podrían disponerse en caso de la aprobación definitiva del PGOU y de los hitos urbanísticos que en cada caso se hubieran señalado. En ese caso, y sólo en ese caso, pudiera disponerse de ellos y con un único destino, tal como señala la Cámara de Cuentas de Andalucía: "el mantenimiento o conservación del Patrimonio Municipal del Suelo, la adquisición de nuevo suelo que sea compatible con los fines anteriores (viviendas de protección pública u otros usos de interés social) ".
En su último informe, la citada institución autonómica señalaba, además, la obligatoriedad de que estos depósitos fueran separados de las cuentas ordinarias del Ayuntamiento mediante la apertura de una cuenta específica a tal fin.
En todo caso, no debe olvidarse que los fondos no son de titularidad municipal, si no depósitos de terceros -los firmantes de los convenios - que, dada la paralización del PGOU y la apuesta por su adaptación a la LOUA, podrían solicitar en cualquier momento su devolución. Es decir, la disposición de los mismos podría tener la consideración de un delito de apropiación indebida.
Lo que pone de manifiesto la proliferación de rumores que, no se olvide, nacen de la indiscreción de los miembros del Equipo de Gobierno y asesores adyacentes, es la falta de una hoja de ruta mínima en materia económica y el sometimiento a los vaivenes diarios de la necesidad imperiosa que encabeza el pago de la nómina. Imposibilitados a la obtención de créditos por falta de presupuesto, limitados por una liquidación de presupuesto falsa y no enmendada y bajo la presión de que el día 30 toca doble ración, son de entender el estado de nervios, los palos de ciego y la pérdida de los más elementales valores que se pusieron de manifiesto con el desalojo de un concejal del salón de plenos. En circunstancias normales serían dignos de lástima, pero es tanto el odio que desprenden, la cerrazón democrática, el sectarismo partidista y el ansia de venganza que desprenden, que los quicios de las puertas están completos de espectadores ansiosos de ver pasar el cortejo fúnebre político.
No lo es menos el que les espera jurídico. No es de recibo el sistemático atropello de los acuerdos plenarios. Los ciudadanos, que son quienes ahí los han puesto, han opinado de forma mayoritaria, el pleno no es más que el reflejo de los votos de estos últimos. Las mociones de la Plataforma vecinal que se pasan por el forro, la desvergüenza en el pago de las productividades o el esperpento del informe técnico que, según un concejal que además es licenciado en derecho, sirve para mantener cortado un carril al tráfico a pesar del acuerdo mayoritario de los representantes del pueblo, terminarán indefectiblemente en los juzgados. Y lo harán porque no han dejado otra salida. Y los afectarán a ellos y a quienes se lo consienten con sus miedos y sus silencios. Y sus informes a la medida.
Estaba por pedirle al próximo candidato a la alcaldía por el Partido popular que cambiara el polvo por brillo, como el anuncio. Que le marcara el camino a seguir a base de mociones e intervenciones en positivo que permitieran sacar a Estepona de donde está. Que le enseñara, aunque fuera mínimamente, sus cartas. Estoy convencido de que los ciudadanos sabrían entender su generosidad y lo premiarían en las urnas.
Pero no me sale.
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