Estaba meridianamente claro que la situación era insostenible. Meses de incumplimientos generalizados de los asuntos plenarios, algunos de ellos de vital importancia como la no publicación del edicto que hará que hayan de pagarse basura y alcantarillado tras haberse aprobado su eliminación, el asunto del carril-bici en el que la opinión de un técnico y el absentismo del responsable político, lo mantienen aún colapsando el tráfico y poniendo en peligro a ciclistas y conductores o la más descarada de la amortización de la plaza del funcionario adscrito a la delegación de personal que continua cobrando salarios y dádivas de distintos conceptos, no podían quedar impunes. Excesiva paciencia se ha tenido a mi juicio y mucho han tardado en presentarse las correspondientes denuncias en sede judicial. Actos de esta naturaleza no pueden ni deben quedar impunes. Quién se crea por encima del bien y el mal y confunda su condición de denunciante de la Operación Astapa con la impunidad en el ejercicio y administración de lo público, va mal encaminado. Su imputación en el asunto de la vivienda ilegal por prevaricación omisiva debiera haberle hecho reflexionar acerca del cumplimiento debido de la Ley al que está obligado más aún si cabe que el resto de los ciudadanos. Por un lado por su condición de máximo edíl, por otro por la condición de ejemplo de legalidad y transparencia del que presume y que, a lo que parece, del que carece.
Sin embargo, todo hay que decirlo, sorprende que haya tenido que ser un movimiento vecinal quién se ponga al frente de semejante iniciativa. No porque no se esperara de ellos - han demostrado sobradamente su capacidad y decisión en la defensa de los intereses de los ciudadanos - si no porque algunos entendemos que hay representantes electos agrupados en partidos políticos de alcance nacional que debieran justificar el sueldo que les pagamos. Las esperanzas de futuro que se depositan en el Partido Popular deben verse acompañadas por un transito en el año que falta en el que quienes hoy ostentan la condición de representantes de la voluntad popular ejerzan como tales. Y si es necesario judicializar la política - parapeto tras el que se esconde habitualmente la falta de ganas de complicarse la vida - pues se judicializa. Todo lo necesario para garantizar el cumplimiento de la Ley.
Sea para defender los fondos del Patrimonio del Suelo como para evitar que se adjudiquen obras a dedo por una empresa municipal y se recauden sin estar legitimado su cobro o para evitar se produzca una duplicidad en el giro de las cuotas de urbanización que veremos como habrá de resolverse con un IVA no repercutido de por medio. De la misma forma que, de producirse, habrá de denunciarse la utilización de fondos finalistas para el pago de nóminas previo enjuague a través de un crédito puente.
Quien siembra vientos, recoge tempestades. El refranero español es rico en matices. Valadez no sólo ha denunciado un caso de presunta corrupción. Valadez está, hoy por hoy, instalado en una estrategia de clara huída hacia adelante en la que se cree el centro del universo, único portador de la verdad y reo de su incompetencia y vanidad. Ha hecho de la alcaldía su particular reducto de poder. Conmigo o contra mí, es su lema y de su cerrazón hay cuatro beneficiarios y decenas de miles de perjudicados. Todos y cada uno de los vecinos que sufren las consecuencias de su política económica con el pago ilegal de basura y alcantarillado, turística con su pelea con chiringuitos y concesiones de playa, de personal, con trabajadores que mes a mes asisten al permanente mendigar de administración en administración con un coste insoportable para las arcas municipales en concepto de intereses y premios de cobranza , o los proveedores que se ven obligados a cerrar sus negocios y despedir a sus trabajadores por los impagos de la deuda municipal, son sólo una parte de los perjudicados de la administración de Valadez.
Algunos abogan por un pacto. En mi opinión no hay ya pacto que valga. Al menos si él y los suyos están incluidos en el paquete.
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