El primer minuto 04.11.2011
Más de 90.000 inquilinos ha recibido en sus casas una carta en tono amenazante de la Agencia Tributaria en la que les reclama el pago de sus rentas para responder de las deudas que los propietarios de las viviendas que ocupan mantienen con la Administración. Es decir, ante los impagos de los caseros, Hacienda, no solo reclama el pago a los inquilinos sino que lo hace de forma amenazante y con una literatura de difícil comprensión para la gran mayoría. El Defensor del Pueblo, ante la incertidumbre creada y las amenazas de intereses de demora y otros recargos, ha tenido que saltar a la arena para facilitar la comprensión de los ciudadanos de las medidas tomadas por la Administración. Hacienda continúa su amenaza señalando que el incumplimiento del requerimiento de pago o la obstrucción del mismo derivará en expediente sancionador para el inquilino. A perro flaco, Hacienda se les vuelve pulgas.
Parece increible que una Administración, en este caso la Agencia Tributaria, vuelva a dirigir sus dardos contra el más débil de la cadena, el pagano de turno, en un momento en que las rentas familiares alcanzan su nivel más bajo. Lejos de volver la vista al deudor y embargar los bienes de éste de ser necesario, no lo olviden, el propietario de la vivienda que genera la deuda, se le embarga el crédito del inquilino y se obliga a éste a convertirse en un trabajador sin sueldo de la Agencia Tributaria obligado a recoger las correspondientes cartas de pago, respetar los plazos para no generar más cargos y perder su tiempo en viajes al banco para hacer frente a los pagos.
A uno le da la sensación de que la administración y los políticos que la gestionan desde las Secretarías y Subsecretarías se alejan cada día más de los ciudadanos a los que debieran representar. El ciudadano ha perdido en la España actual la consideración que tenía en la antigua Roma cediendo los derechos inherentes a tal condición frente al Estado para pasar a adquirir la condición de súbdito.
Excesivas obligaciones, escasos derechos – el principal el del pataleo – son las que subsisten entre el padre Estado y el hijo súbdito frente a la relación de igualdad en derecho que debiera regir las relación. Es cierto que la ley puede amparar a la Agencia Tributaria en su actuación, pero hay momentos y situaciones globales que hacen que pueda parecer injusta. Este momento, este lugar, es uno de ellos. Tendría gracia que un ciudadano que ha sido despojado de su vivienda por impagos a la administración debiera ahora convertirse en el cobrador del frac de quién le ha echado a patadas de su casa.
0 comentarios:
Publicar un comentario