Hoy,
15 de Marzo, es la fecha tope que el gobierno ha dado a los
Ayuntamientos para poner sus cuentas a disposición de la
administración central y liquidar la deuda con los proveedores. Una
medida arriesgada y algo precipitada si nos atenemos al cajón
desastre en el que se van a convertir las relaciones de proveedores
que se remitan a Madrid. Me gustaría que leyeran esto en clave
nacional y no local con objeto de que no se malinterprete este
comentario. Los Ayuntamientos, probablemente la institución más
desprestigiada dentro de la administración, han dejado a lo largo de
los últimos años una sensación entre la ciudadanía de mala
administración, despilfarro, falta de criterio en el gasto y escasa
fiscalización. Cuando llega el momento de hacer tabla rasa, nadie
está libre de que le asalten las dudas sobre la fórmula a utilizar
para liquidar la deuda. Si nos atenemos a las instrucciones recibidas
desde el Ministerio de Hacienda, en la relación a remitir cabe todo.
Es decir, que lo mismo da el proveedor que ha seguido
escrupulosamente lo marcado por la ley para contratar que quién, por
su culpa o la de terceros, ha seguido mecanismos paralelos. Resulta
igual de exigible la deuda reconocida, consignada y presupuestada que
la que se encuentra en los cajones pendiente de reconocer y no ha
pasado por la criba de la intervención. Lo mismo quién tiene una
sentencia firme a favor que quién se encuentra pleiteando o aún
no iniciado el pleito. Y el mismo trato merecen las asumidas por
sociedades mercantiles, con libertad para contratar y por tanto
exentas de control, que aquellos que han pasado por el filtro de los
habilitados nacionales.
Así
las cosas, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunciaba ayer
el pago de 12 millones de euros a proveedores. Una cifra asumible y
que con toda seguridad supondrá una alegría para el empresariado
marbellí. Estepona, ahora si hablamos en clave local, no bajará de
sesenta millones, es decir, cinco veces la deuda de Marbella. Sólo
las dos últimas concesionarias de la limpieza alcanzan los cuarenta
millones de euros. La pregunta es si seremos capaces de soportarlo,
si nuestra economía, tras tomarse las primeras medidas para la
recuperación, no va a verse lastrada por una carga imposible de
soportar que la aboque a la quiebra.
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