¿EN MANOS DE QUIEN ESTAMOS?

Mi padre solía decir: Cuando el día está de joder, hasta los mosquitos dan leche. Esta mañana de viernes me desayuno con la llamada de un amigo, el director de este semanal, en la que, como casi todos los viernes, me insta a mandar rapidito el artículo, cosa que casi nunca cumplo y me pregunta sobre lo que voy a escribir. Yo tenía dudas, se ha cumplido un año del nuevo gobierno, el próximo pleno, el plan de saneamiento. La verdad es que había varios temas interesantes que me permitían centrarme en el día a día y salir un poco de la escena judicial. Lo que no me imaginaba, de ninguna de las maneras, es que tuviera que volver a hablar de la feria y mucho menos de la forma en que lo voy a hacer.


Hoy, viernes 17 de Julio, llega a mis manos un informe dirigido a la Concejal-Delegada de Fiestas, también de Seguridad Ciudadana, en la que los técnicos responsables de la Seguridad de la feria, le ponen de manifiesto su imposibilidad de cumplir con su obligación. Al personarse en las distintas casetas se les ha comunicado que no se les facilitaba la documentación relativa a seguridad y normativa técnico-sanitaria ya que la concejala responsable se había conformado con una declaración jurada de los titulares de las mismas en la que certificaban que tal normativa se cumplía. Para que se hagan una idea, como si ante un control de alcoholemia, la guardia civil se conformara con una declaración del conductor en la que certificara que iba sereno.

Insisto, hablo como ciudadano y como padre. Dice el técnico en seguridad que en las citadas condiciones no puede verificar ni la correcta instalación de las estructuras de las carpas, ni las instalaciones de electricidad, ni las del gas, ni siquiera si los materiales utilizados cumplen con la normativa en materia de resistencia de los materiales ante el fuego. Tampoco ha podido el técnico sanitario acceder a la documentación básica en materia de manipulación alimentaria por parte de los trabajadores de las casetas, ni de la procedencia y antigüedad de los alimentos. Concluyen en que, por todas estas razones, no se puede garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias ni de seguridad en las instalaciones del recinto ferial. Es decir, que alguien, conociendo las circunstancias que concurrían en relación a la salud y la seguridad de los esteponeros y visitantes, se ha pasado la ley por el forro y ha decidido por nosotros. Porque, al menos en lo que mi familia respecta, me gusta decidir donde y que nos llevamos a la boca. Para eso existe una administración municipal que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa. Por eso existe un servicio de inspección en la delegación de salud, por eso se exigen documentos a las piscinas, los hoteles, los establecimientos de hosteleria y cualquier otra actividad que se instala en nuestro municipio. Por eso vivimos, o al menos así lo creíamos, en un país civilizado, avanzado y dotado de los mecanismos necesarios y suficientes para garantizarnos nuestra seguridad y salud.

Es cierto que lo ocurrido esta última semana en Madrid con el pequeño Rayan nos siembra las dudas, no obstante, creo que nuestro sistema sanitario público es de primera y este triste suceso es sólo una desafortunada excepción. Por el contrario, lo ocurrido en Estepona no puede achacarse a desconocimiento ni inexperiencia. Es lisa y llanamente una irresponsabilidad, en principio de la concejal titular. Pero no se porqué, a pesar de lo poco que le conozco, me da la sensación de que ella nunca hubiera permitido de motu propio algo semejante. Por eso debe dar explicaciones públicas de lo sucedido y, de no ser ella, señalar al responsable último de que se haya puesto, a nuestras espaldas, en peligro nuestra seguridad y salud. Y la de nuestros hijos, que es donde más nos duele.