Una de las frases históricas de Winston Churchill era, refiriéndose a sus adversarios políticos: “ Sólo aciertan cuando rectifican”. Valadez, por el contrario, cuando rectifica se equivoca más. Su memorable explicación de esta semana en relación al expediente de Luciano Sánchez quedará en los anales de la historia local. Cierto es que todos los decretos que emanan de alcaldía son públicos y deben comunicarse a los miembros de la Corporación a través del Pleno ordinario mensual. De la misma forma que es cierto que todos deben estar debidamente compulsados y foliados, con su correspondiente número de orden y registro de salida municipal. Lo tristemente real, lo que deben conocer todos los ciudadanos, es que los decretos no están numerados en el momento en que debe hacerse y que, de forma habitual, se mantienen huecos en el registro de salida para manipular a conveniencia. Si existiera un servicio de inspección municipal estos hechos no sucederían y no podría estar en boca de muchos ciudadanos informados que el famoso decreto de derribo estaba guardado en un cajón para darle curso de ponerse las cosas graves como así sucedió. Por eso Marisa Rodríguez no pudo verlo, porque no constaba en el expediente. Por eso no se dio cuenta del mismo al Pleno ni en Octubre ni en Noviembre, porque estaba guardado para mejor ocasión. Y cuando lleguen las duras, que llegarán, quien lo consiente, teniendo la guarda y custodia de esos documentos, será igualmente responsable y lo sabe. Tibio.
Ha tardado la Sala de lo Contencioso menos de lo que tarda en persignarse un cura loco en devolver al Tesorero a su despacho y su ordenador. No podía ser de otra manera, como ya comenté en un artículo de opinión en Diario Sol, al leer la sarta de incongruencias que contenía el Decreto. Lo que no termino de comprender es a quien asesora de esta manera al alcalde y sus talibanes de confianza. Cualquier persona con una mínima cultura, insisto, mínima, acceso a Internet y capacidad de comprensión se daría cuenta, tras leerlo, de que no tenía la menor posibilidad de prosperar. ¿A cuento de qué se provoca de esta manera a un funcionario que depende del Ministerio de Administraciones Públicas?. Por más vueltas que le doy no encuentro respuesta. El pasado Martes, en una nueva vuelta de tuerca, tras rectificar los decretos de vacaciones y envainársela con dos dedos, el alcalde le comunica la no concesión de la prórroga en su condición de funcionario. ¿Las razones? Peregrinas, como siempre. Pleitos contra los anteriores liquidadores y una falsa imputación por el Tribunal de Cuentas. Por partes: En relación a la primera, tiempo tendrá el alcalde de manifestarse sobre su no actuación al respecto de los contratos por más de cuatrocientos millones de las antiguas que debiera haber investigado. Sobre la segunda, simplemente con preguntar a la Asesoría Jurídica Municipal, a la que tiene ninguneada, cabreada y aburrida, habría sabido que la maniobra que inició su antecesor contra este funcionario se le volvió en contra y resultó que el único que salió limpio y sin imputación fue, precisamente, el Tesorero. Si, por abundar, se hubiera molestado en leer el Estatuto de la Función Pública, sabría que sólo hay dos razones para que un habilitado nacional no prorrogue sus servicios: Que no lo solicite o, de hacerlo, lo haga fuera de plazo. Ninguno de ambos supuestos se daban en este caso.
Bueno, lo de fuera de plazo si se ha dado, porque la respuesta negativa, además de carecer de sentido, común y jurídico, se ha hecho fuera de los plazos establecidos y confundiendo los días hábiles con los naturales. A lo mejor, siendo mal pensados, alguno ha tirado por esa vía para salvar el culo. "No me opongo formalmente a órdenes absurdas pero tampoco perjudico a compañeros que pudiera necesitar en el futuro" ha debido pensar.
El problema de los tibios es que ni frío ni calor. No se si me entienden.
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