El primer minuto en Radio Estepona
El debate está en la calle y no parece que haya quién lo pueda parar. Las concentraciones de este pasado fin de semana, pacificas en su mayor parte, con alguna excepción que no debe empañar el movimiento, reflejan el hastío de los ciudadanos contra un sistema financiero que no hay sabido reinventarse y, lo que parece más grave, el sometimiento del poder político al poder económico. De alguna manera los ciudadanos que han tomado la calle en señal de protesta viene a acusar a la banca en general y los bancos reguladores de cada país en particular de ser los responsables de la crisis mundial y condicionar la solución en beneficio propio.
Ayer, el diario El País publicaba un informe que ponía de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de regular una legislación que proteja a las familias que sufren en sus carnes las amenazas de desahucio por impago de sus hipotecas. Una nueva legislación que impida que como consecuencia de los elevado de los intereses de demora las hipotecas se encarezcan más del 30 % y las familias no solo pierdan su vivienda sino que se mantenga su endeudamiento y en muchos casos el impedimento a nuevas vías de financiación como consecuencia de la morosidad que permanece por la diferencia no amortizada. Según el citado diario, son más de 140.000 los desahuciados desde 2008 y otros 162.000 en proceso en este momento.
Así las cosas no es de extrañar que el pueblo haya tomado las calles. La clase política debe ser sensible al problema y el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre tener este asunto como prioritario. Y los responsables del desaguisado, especialmente en las Cajas de Ahorro, pagar con su patrimonio los desmanes cometidos sino con la cárcel de ser delictiva su conducta. No es de recibo que mientras unos pierden sus casas y sus vidas, otros se vayan de rositas a sus lujosas mansiones con blindajes millonarios a costa del ahorro de los demás.
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