El Ministerio de Economía y Hacienda dio a conocer ayer que retendrá la participación en los tributos del Estado a los municipios que no hayan cumplido con la obligación de aprobar la liquidación de los presupuestos de 2010 antes del pasado 30 de Septiembre. La medida afecta a 1022 ayuntamientos y supondrá la retención de 13,6 millones de euros. Hacienda matiza que efectuará el abono tan pronto los municipios afectados demuestren que han cumplido con la obligación, contemplada en el artículo 36 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Si bien la medida se ajusta a la legalidad, sorprende su aplicación en un momento de especial penuria en la administración local. La medida es drástica y probablemente injusta ya que cercena las pocas posibilidades que les quedan a algunos Ayuntamientos de escaso presupuesto para alcanzar una mínima subsistencia. Ayuntamientos condenados de antemano al impago de las nóminas, a la falta de suministros básicos y al aplazamiento de sus deudas con los proveedores, se ven ahora en la asfixia definitiva y condenados a mendigar ante las administraciones más cercanas.
El respeto a la Ley debe prevalecer por encima de todo y ésta es la misma para el 83% de municipios que ha cumplido la normativa que para el 17% restante que no ha podido hacerlo, pero, me van a perdonar el atrevimiento, uno tiene la sensación de que en otra época, con otra situación económica y con unas arcas del Estado en las que las telarañas no fueran el único activo, otro gallo les cantaría a los municipios afectados. Y no les digo nada si el resultado electoral previsto favoreciera las expectativas del gobierno que aplica la medida.
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