La reciente noticia sobre la posible regulación de los "campitos", al amparo del decreto anunciado por la Junta de Andalucía, no ha hecho más que complicar una situación ya de por sí singularmente compleja. La casuística existente es variada y compleja la solución al problema. Un problema que se crea desde el abuso y se complica por el "castigo" que el Plan de Ordenación Territorial aprobado por la misma Junta aplicó a nuestra localidad y por los abusos reiterados que al amparo del limbo municipal se han producido en los últimos años. Desde que la disciplina urbanística dejó de ser uno de los pilares del control territorial han ido apareciendo como setas de temporada, cada fin de semana, nuevas construcciones al amparo de una "costumbre secular", de la “tradición e idiosincrasia de nuestro pueblo” y, no podemos olvidarlo, del más impune incumplimiento de la legalidad basado en una política de ojos cerrados de la administración.
Se han tratado de meter en el mismo saco pequeñas explotaciones agrícolas con segundas residencias de semi-lujo y éstas con auténtica mansiones que se han levantado y pseudolegalizado en los últimos años. Nada de esto hubiera sido posible sin cómplices, dentro y fuera de la administración. El problema, además del distinto rasero aplicado entre cualquier ciudadano cumplidor de la legalidad y un propietario exento de impuestos y cargas urbanísticas es, además, de salubridad. Miles de viviendas sin servicios sanitarios, vertiendo lixiviados a nuestros ríos y carencia de los servicios básicos son el día a día de una situación insostenible. El dinero, las multas, no son la única solución. El cumplimiento de la legalidad, si. Pero tampoco parecen dispuestos a asumir el coste. Especiales, si. Diferentes, no parece justo que sean.
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