La reforma laboral continua dando que hablar a la opinión publica. Curiosamente, los directamente afectados, los trabajadores, no parecen tan dispuestos como los sindicatos a echar un pulso al gobierno. Tampoco ayudan las formas sindicales ya que el hecho de que UGT y CCOO hayan anunciado una especie de simulacros antes de convocar la huelga general parece dar a entender que éstos tienen pocas esperanzas de un seguimiento mayoritario. A uno le da la sensación de que han sido los trabajadores, precisamente, quienes han valorado favorablemente, aunque con expectativas y reservas, la intención del gobierno. El trabajador, como la media de los observadores, no entramos a analizar la reforma en profundidad sino la intención y esa no es otra, no puede ser otra, que la de detener la sangría. Como el cirujano que aborda una hemorragia masiva o el fontanero ante una cañería rota, lo primero detener las vías de sangre y agua para tomar a continuación medidas reparadoras.
Cinco millones de parados son una razón de peso para acometer reformas. Y si los analistas están en lo cierto, en el año 2012 podríamos tocar el techo de los seis millones a pesar de la dureza de las decisiones. La función pública es la siguiente piedra de toque. El personal laboral, hasta ahora intocable según algunos jueces, es ya como cualquier otro trabajador a todos los efectos. Y veremos como administraciones en quiebra tratan de sanear sus balances a base de Expedientes de Regulación de Empleo. Ya saben, lo del cuento del lobo. Ese que algunos creían que nunca llamaría a la puerta mientras dividían sus tiempo entre los días de libranza y los planes para cuando llegaran los próximos a librar. Todo menos pensar que en sus manos estaba que el lobo no llegara. Pero llegó, solo falta verle el color del pelaje.
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